Rechazo al memorándum con Irán

Proyectos Legislativos

El acuerdo con Irán es uno de los hecho más ingnominiosos del Gobierno Nacional. No hay forma de aceptar que se pacte con los asesinos e ideólogos del atentado a la AMIA. Este proyecto de declaración fue lo mínimo que pudimos hacer desde la Legislatura de la CABA cuando el Gobierno dio a conocer el pacto que selló con el régimen fundamentalista de Irán.

El proyecto consiste en una declaración de rechazo al memorándum de entendimiento firmado por la Cancillería Argentina con el régimen fundamentalista de la República Islámica de Irán sobre la causa AMIA. Dicho acuerdo (de tan solo nueve cláusulas) en los términos poco precisos y abstractos en los que se firmó constituye un atentado a la verdad, a la memoria y a la justicia. Otorgando de este modo más impunidad a quienes perpetraron el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 que se llevó la vida de 85 personas.

Existen numerosos grises jurídicos que se traducen en un riesgo inminente para la búsqueda de la verdad sobre la conexión internacional de la causa AMIA:

•   1.        El acuerdo dispone la creación de la mal llamada «Comisión de la Verdad», sin establecer plazos en los que deba expedirse y dejando el futuro de la investigación sujeto a la buena predisposición y consenso entre las partes. No existen compromisos pre-acordados ni un procedimiento claro de cómo se llegará a la verdad: por lo tanto, esta será la comisión de la mentira, el olvido y la impunidad.

•   2.        Si bien abre la posibilidad de interrogar en Teherán a los imputados iraníes por la causa AMIA, tal como está redactado el memorándum, deja amplio margen para que esos interrogatorios nunca se concreten, ya que están supeditados a la realización previa del informe de la Comisión, que como ya remarcamos, sin la voluntad política iraní podría demorarse infinitamente, y hasta nunca expedirse.

•   3.        No se precisa si los acusados iraníes están obligados a declarar frente a los jueces argentinos en territorio iraní. Por el contrario, y amparándose en el memorándum, los acusados podrán negarse a comparecer argumentando normas procesales locales.

•   4.        Si los sospechosos iraníes no están obligados a comparecer frente a un tribunal no iraní, eso implica que los jueces argentinos en Teherán no tendrán jurisdicción ni autoridad para aplicar sentencia alguna. Más alarmante aún es que en caso de que los imputados hicieran algún tipo de confesión voluntaria, la misma no tendría validez de declaración jurada para los tribunales argentinos.

•   5.        De cualquier manera, en el caso de que los acusados se presentasen voluntariamente a declarar, ello no podría nunca ser considerado una «indagatoria» toda vez que el Art. 295 del CPPN  establece: “A la declaración del imputado solo podrá asistir su defensor y el ministerio fiscal…” y, como hemos visto, la Comisión prevé la actuación de cinco “comisionados” más “dos  miembros designados por cada país”, más las “autoridades judiciales argentinas e iraníes”. Además, el Art. 297 del CPPN, remitiendo a sus Arts. 107 y 197, exige que, bajo pena de nulidad, antes de la indagatoria, el imputado tiene que designar un defensor, que debe ser un “abogado de la matrícula” o, en caso de no hacerlo se debe designar, al «defensor oficial». Y esto plantea otro obstáculo insalvable: ¿podría hacerse válidamente esa designación en una actuación realizada en Teherán  y en un acto que no es parte integrante de la causa? Y el eventual defensor ¿podría participar en el acto del interrogatorio, no siendo integrante de la Comisión ni, estrictamente hablando, una «autoridad judicial argentina»?

Está claro que este acuerdo no favorece en lo más mínimo a la Argentina; y, por el contrario, beneficia a Irán, que ahora dispone de una vía institucional para reclamar mayores libertades a los funcionarios iraníes imputados.

Por lo tanto, firmar este acuerdo es reconocer con plena conciencia el hecho de que se le dio la espalda a la soberanía argentina, a la sociedad en su conjunto, a los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, a la memoria del Holocausto y a la defensa de los Derechos Humanos.

Ante todo esto, me surgen las siguientes preguntas:

•    ¿Cómo podemos tener la certeza de que un régimen que no respeta el derecho al debido proceso con sus nacionales, lo haga respecto a la causa AMIA y a la mal llamada Comisión de la Verdad que crea el memorándum en cuestión?

•   ¿Cómo podemos confiar en la buena voluntad del Estado iraní, que niega el Holocausto, viola sistemáticamente los Derechos Humanos, ejerce el terrorismo y encubre a los altos funcionarios del régimen imputados en la causa AMIA?

Por todo lo expuesto, queda claro que todavía no se sabe qué es lo que el actual Gobierno argentino canjeó a cambio de conceder su soberanía en el caso AMIA. Los últimos posicionamientos de la delegación de nuestro país en los debates de las Naciones Unidas y su sorprendente alineamiento con las posturas diplomáticas de Irán (ejemplo: el caso de Siria) no hacen más que confirmar las sospechas acerca de lo que acordaron y no le blanquearon al pueblo argentino.